Procedimiento Simplificado en Materia Penal

El artículo 388 y siguientes del Código Procesal Penal, regulan el Procedimiento Simplificado, el cual es un procedimiento especial que se tramita ante el juez de garantía, en los casos de faltas y simples delitos para los que el Ministerio Público requiere la imposición de una pena no superior a presidio o reclusión menores en su grado mínimo (no superior a 540 días)

Las etapas en un Procedimiento Simplificado son las siguientes:

1.- Requerimiento del Fiscal: Una vez recibida por el fiscal una denuncia de un hecho constitutivo  de falta o simple delito y existiendo antecedentes suficientes para adoptar una decisión persecutoria, el fiscal solicitará al juez de garantía la citación inmediata de todos los intervinientes a la audiencia de procedimiento simplificado.

El requerimiento deberá contener:

a) La individualización del imputado;

b) Una relación sucinta del hecho que se le atribuyere, con indicación del tiempo y lugar de comisión y demás circunstancias relevantes;

c) La cita de la disposición legal infringida;

d) La exposición de los antecedentes o elementos que fundamentaren la imputación

e) La pena solicitada por el requirente, y

f) La individualización y firma del requirente

2.- Preparación del juicio: Una vez recibido el requerimiento del fiscal por el juzgado de garantía, se ordenará su notificación al imputado y se cita a todos los intervinientes al juicio, el que no podrá tener lugar antes de 20 ni después de 40 días contados desde la fecha de la resolución del tribunal

3.- Audiencia del Procedimiento Simplificado: La audiencia comenzará con una breve relación relación del requerimiento y de la querella, según sea el caso.

En el evento, que se encuentre presente la víctima, el juez instruirá a la víctima y al imputado sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio. Por otro lado, puede promoverse entre el fiscal y el imputado la suspensión condicional del procedimiento.

Si el imputado tiene antecedentes favorables que no hacen aconsejable la imposición de la pena, el juez de garantía puede disponer en la sentencia la suspensión de la pena y sus efectos por un plazo de seis meses.